Violación de derechos en las residencias de ancianos belgas

Entre el pasado 11 de marzo y el 23 de octubre murieron en las residencias de ancianos de Bélgica un total de 6.467 pacientes y personas mayores lo que supone el 61,3% de todos los fallecimientos por coronavirus en un país con una población de 11,5 millones de personas. Un informe publicado este lunes por la organización Amnistía Internacional, tras la investigación realizada en Bélgica en relación al primer brote de la pandemia, denuncia el «abandono» que sufrieron y la violación de sus derechos humanos básicos.

«Dos tercios de todas las personas muertas por covid-19 en Bélgica eran residentes en residencias de ancianos y la mayoría de ellos murieron en las residencias y no en el hospital. Debido al fracaso de los gobiernos, muchas de estas personas, y otras muertas por otras causas distintas al covid-19 durante el mismo período, fueron privadas de una muerte digna», denuncia Amnistía internacional que alerta de que la «incapacidad del estado» para remediar los fallos estructurales del sector de los cuidados sanitarios ha contribuido a agravar el impacto de la epidemia.

Concretamente, el informe denuncia que las autoridades públicas, aunque eran conscientes de los riesgos a los que se enfrentaban estas infraestructuras no pusieron en marcha «medidas rápidas y suficientes» para proteger los derechos de los residentes ni las estructuras y que no fue hasta mucho más tarde cuando se emitieron circulares sobre el traslado de pacientes de residencias a los hospitales. «Muchas personas se sintieron abandonadas», concluye Amnistía internacional apuntando a una violación del derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación. 

Muertes prematuras

La investigación también concluye que al inicio de la pandemia los centros para ancianos se vieron sobrecargados de tareas suplementarias, que habitualmente recaen en manos de los hospitales, y que tuvieron que operar con personal, medios y fondos «lamentablemente insuficientes». El informe menciona la falta de equipamientos de protección individual y los test de covid-19 para el personal sanitario, lo que habría permitido al virus «propagarse» en numerosas residencias de ancianos.

A esto se suma la negativa al traslado de ancianos a los hospitales. «Según Médicos sin Fronteras, solo el 57% de los casos graves pudieron ser trasladados al hospital durante la crisis frente al 86% precedente», señala el informe que denuncia también que «algunas personas mayores murieron probablemente de forma prematura debido a esta situación», señala el documento que coincide con un aumento de las quejas.

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