Los socios del Gobierno apoyan la ley de eutanasia en el Senado pese a admitir «su poca calidad legislativa»

Laura DanieleLaura Daniele

Madrid
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La proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia sorteó este jueves su primer trámite en el Senado pese a no convencer ni siquiera a los propios socios del Gobierno de coalición. Tras incorporar nuevas enmiendas -la mayoría del PSOE- y rechazar sendas propuestas de veto de PP y Vox, las voces críticas de ERC y de la Izquierda Confederal se hicieron oír dentro de la Comisión de Justicia por la escasa «calidad legislativa» de la nueva «prestación de ayuda a morir».

Durante el debate del dictamen, la senadora de ERC, Laura Castells, echó en falta la celebración de «varias ponencias divididas por temas» y «un debate más sosegado» de la nueva «prestación de ayuda a morir». «Esta ley adolece de poca calidad legislativa», espetó la senadora, cuyo partido votó a favor del dictamen que deberá ser debatido ahora por el pleno del Senado antes de volver al Congreso de los Diputados. «Preferimos una ley de eutanasia así como está a no tenerla», afirmó Castells a este periódico un día antes de la reunión de la Comisión.

Dentro del grupo de Izquierda Confederal (Compromís, Más Madrid, Catalunya en Comú Podem), su portavoz Koldo Martínez de Geroa Bai criticó «la oscuridad conceptual» de la proposición de ley. «La falta de claridad conceptual es antidemocrática y la manipulación de la realidad provocará inseguridad jurídica para los sanitarios y los pacientes», afirmó el senador, cuyo grupo parlamentario también apoyó el dictamen que salió adelante con 19 votos a favor y 10 en contra (VOX, UPN y PP).

Este médico intensivista criticó además la falta de garantías que ofrece la ley a los pacientes. «Todos los controles desaparecen cuando una persona se encuentra sin uso de sus facultades. Es una barbaridad que el médico pueda presentar la solicitud de eutanasia en nombre del paciente, ya que no sabemos cómo se llevó a cabo el proceso de las voluntades anticipadas», afirmó.

Martínez tampoco está de acuerdo con la falta de definición de la ley sobre el perfil profesional de la persona que debe ejecutar el «derecho a morir». El articulado de la ley habla de «profesional sanitario competente» pero no especifica si debe ser el médico o el personal de enfermería. «Estamos a tiempo de reflexionar y mejorar una ley necesaria pero que ahora es deficiente y que habrá que modificar en tres años porque generará importantes recursos en los tribunales», afirmó.

La proposición de ley se ha tramitado sin tener en cuenta el informe desfavorable del Comité de Bioética o las objeciones de la Sociedad Española de Psiquiatría o de algunos colegios profesionales como el de Enfermería de Madrid.

Desoye a la ONU

El PSOE se ha negado a retirar el sesgo de la nueva normativa contra las personas con discapacidad como le había pedido el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. El pasado mes de diciembre, este comité manifestó su «preocupación» al Gobierno por los artículos 4 y 5 de la proposición de ley en el que se permite el acceso a la eutanasia y al suicidio asistido a las personas que «sufran» un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante».

Tanto para la ONU como para el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) el término «imposibilitante» supone «una clara alusión a las situaciones de discapacidad, en la medida que habla de las limitaciones en la autonomía de las personas».

En las enmiendas aprobadas este jueves el PSOE no ha retirado esa palabra del articulado y solo ha cambiado la redacción del texto para dejar claro que al hablar de «imposibilitante» se refiere a «una situación» y no a «personas». Según afirmó Antonio Román, senador del PP, esta modificación no convence al Cermi. «Me consta que el Cermi no está de acuerdo con esa enmienda transaccional. El propio Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad han criticado duramente esta ley al permitir la eutanasia por motivos de discapacidad».

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