Las chicas a partir de los 16 años podrán abortar sin permiso de sus padres, según el borrador que maneja el Gobierno y que el Ministerio de Igualdad confirma que el próximo martes irá al Consejo de Ministros. Ese documento, que ha adelantado la Cadena SER, confirma algunos de los avances que ya desgranó a finales de febrero la ministra de Igualdad, Irene Montero. Entre ellos y uno de los que más cambios conllevará para el día a día de las mujeres es garantizar que ese derecho pueda ejercerse en el sistema público. “Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos”, dijo entonces Montero. Y así queda recogido en el borrador.
Ese acceso, que en principio la legislación actual ya recogía y protegía, lleva viéndose interrumpido los últimos 30 años por varias cuestiones, como la objeción de conciencia de los profesionales. También ahí incidirá la nueva norma, como también explicó la ministra hace tres meses. “Es imprescindible que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo”, “respetando” también “escrupulosamente” el derecho a la objeción de conciencia, aludió entonces.
Para compatibilizar ambos, explicó, “el texto se referencia en una regulación ya en vigor del derecho a la objeción de conciencia: la Ley de Eutanasia”. Es decir, según esa reciente normativa, un registro “que permita identificar necesidades en cada área sanitaria, de modo que se pueda garantizar el derecho en todos los casos”. Según la información de la SER, eso es exactamente lo que establece el documento.
También se mantienen los plazos: el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico, es decir, una interrupción por causas médicas como malformación del feto o peligro para la vida de la madre.
De aprobarse la norma tal y como está en el borrador, el recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional de hace 12 años quedaría sin ningún efecto, vacío de contenido, puesto que la nueva norma deroga la anterior, la de 2010, que fue la que el PP recurrió.
Bajas por reglas dolorosas
Otras cuestiones que no se conocían y que también recoge el documento son las referentes a la salud menstrual: bajas de tres días para las reglas dolorosas, la obligación en los centros educativos de garantizar los productos necesarios para le regla, acceso gratuito a esos productos para las mujeres en riesgo de exclusión y también las que se encuentren en prisión, la eliminación del IVA para los artículos de higiene femenina y la previsión de baja laboral también para la interrupción del embarazo.
Los anticonceptivos hormonales y la píldora del día después estarán financiados públicamente, según el texto, y habrá distribución gratuita en institutos vinculada a campañas de educación sexual. También toca los vientres de alquiler, que los enmarca como una de las formas de violencia contra la mujer: incluye la prohibición de la publicidad de las agencias, con sanciones, y va más allá. El anteproyecto, según la SER, dice que los tribunales españoles podrán perseguir a las parejas que recurran al extranjero para encontrar a una mujer que alquile su vientre, una práctica ilegal en España.
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