La Ley de Eutanasia y el resurgir de los falsos mitos sobre la muerte digna – Rebelion

El pasado 17 de diciembre fue aprobada la Ley de Eutanasia en el
Congreso de los Diputados, respondiendo a una reivindicación
histórica con bastante respaldo social en nuestro país. Esta Ley de
Eutanasia autoriza y regula la denominada “eutanasia activa”, que
es aquella que requiere de una acción deliberada que produzca la
muerte en aquellas personas que la solicitan. Hasta este momento, los
avances producidos en los últimos años en materia de muerte digna
solamente habían ampliado el margen legal de la denominada
“eutanasia pasiva”, que es aquella en la que la muerte se produce
evitando actuar para alargar la vida.

Hasta la aprobación de la reciente ley, los y las profesionales
de la sanidad que pretendieran ayudar a alguien a morir atendiendo a
su demanda, se encontraban con el problema de que la asistencia al
suicidio está penalizada en nuestro país, sin establecer ningún
tipo de distinción jurídica entre el fenómeno del suicidio y un
caso de eutanasia. Con esta ley, se establece una regulación que
permite proporcionar este tipo de ayuda, garantizando el derecho a
morir dignamente de quienes lo solicitan y dando un marco legal a
profesionales que tengan que ejercer las acciones pertinentes para
que se produzca la eutanasia.

Por el derecho a una muerte y a una vida dignas

Con la aprobación de la nueva ley, muchos de los argumentos
críticos con la eutanasia han resurgido en el debate contemporáneo,
pero también han reaparecido muchos de los bulos tradicionales y
falsos mitos que rodean a la muerte digna.

Uno de los argumentos principales contra la muerte digna es que la
eutanasia supone un atentado contra el derecho a la vida, recogido en
el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Quienes defienden la eutanasia hacen un inciso a este argumento:
tenemos derecho a la vida, pero a una vida digna. Pueden darse unas
circunstancias por las cuales, el simple hecho de vivir, conlleve un
sufrimiento que convierta la vida en una continua tortura; y es en
estas situaciones en las que esas personas valoran la posibilidad de
recurrir a la eutanasia. Por el instinto de supervivencia, nadie en
su sano juicio gozando de una buena situación vital y de buena
salud, quiere morir. La voluntad deliberada de morir por eutanasia es
un fenómeno que encontramos en aquellas personas que están
padeciendo un sufrimiento crónico para el que no existe tratamiento
efectivo ni solución. Estas personas consideran que, además del
derecho a la vida, también debe garantizarse el derecho a una muerte
no traumática ni violenta. Así visto, ambos derechos no son
contradictorios, pues uno defiende una buena vida mientras el otro
defiende una buena muerte.

Siguiendo este argumento, deberíamos hablar de la vida como un
derecho, no como una obligación. Para aquellas personas que están
sufriendo y no pueden poner fin a su propia vida ni recurrir a la
eutanasia, vivir acaba por convertirse en una imposición de la que
no pueden escapar. Gozar de un derecho significa disponer de una
concesión a la que podemos recurrir si sentimos esa necesidad, pero
nunca debe suponer una exigencia. En este sentido, la Ley de
Eutanasia vendría a complementar el derecho a la vida. De igual modo
que la Ley del Aborto no obliga a todas las mujeres embarazadas a
abortar o que la Ley del Matrimonio Igualitario no obliga a las
personas heterosexuales a casarse con otras de su mismo sexo, la Ley
de Eutanasia no obliga a pacientes graves a morir. Seguirán
proporcionándose tratamientos y cuidados paliativos para pacientes
que atraviesan una enfermedad terminal, con mucho dolor o con elevado
sufrimiento; pero ahora se añade una opción más para quienes
quieran hacer uso de ella.

También resurge el argumento de que dar la opción al gobierno de
legislar sobre la vida de las personas es algo muy peligroso. En este
momento, hay que aclarar que lo que se pretende con las leyes de
eutanasia aprobadas recientemente es que cada persona decida libre y
voluntariamente si quiere morir, sin ningún tipo de condicionamiento
ni presión. Para ello, las leyes de eutanasia procuran aclarar la
manera por la cual una persona decide y hace explícita su intención
de querer solicitar la muerte. La persona en plenitud de sus
facultades mentales, conociendo todas las alternativas y demostrando
haber madurado su decisión, debe hacer explícita su intención
cumpliendo los requisitos y siguiendo los protocolos que la ley
establezca. En todo caso, la responsabilidad de la decisión debe
recaer siempre en la propia persona que la solicita. Por ello, en
otras circunstancias más complejas, como personas que tienen
afectadas sus facultades mentales o personas que no pueden tomar una
decisión por su situación clínica (pacientes en coma, en estado
vegetativo, etc.), la aplicación de la muerte digna se convierte en
un gran problema si no dejaron sus intenciones por escrito, en lo que
genéricamente se denomina “testamento vital”.

Otro argumento clásico que hemos vuelto a escuchar últimamente
es que la aprobación de la Ley de Eutanasia puede producir el efecto
de alentar las peticiones de muerte en personas que quizá nunca se
lo hubiesen planteado si esta opción no existiera. Este argumento se
sustenta en la idea de que la eutanasia es un fenómeno contemporáneo
que quizá antes no existía, y que con la aprobación de la ley se
pone en marcha. Ante esto, cabe recordar que la inexistencia de un
derecho no significa que la gente no lo ejerza. Allí donde no se ha
legalizado, la eutanasia es un fenómeno que ocurre clandestinamente,
con dificultades para quienes recurren a ella y con consecuencias
legales para las personas implicadas. En las últimas décadas hemos
vivido varios casos polémicos de eutanasia en nuestro país que han
trascendido a la prensa generando debate público, pero mientras
tanto muchísimos otros casos han ocurrido en la sombra. De igual
manera ocurre con el aborto, que también se practica en la
clandestinidad allí donde no ha sido regulado por ley, con los
consecuentes riesgos sanitarios y legales para las personas que lo
practican.

No regularizar fenómenos como el aborto o la eutanasia (que van a
seguir ocurriendo aunque se ilegalicen o no se legislen) conlleva el
peligro de convertirlos en privilegios para los más afortunados,
acentuando aún más las desigualdades sociales. De igual manera que
en la España de hace varias décadas aquellas familias adineradas en
las que surgía un embarazo no deseado podían permitirse un
misterioso viaje a Londres para abortar, quienes hoy en día viven en
un país sin derecho a la muerte digna tienen la opción de acudir a
una clínica especializada en Suiza, donde les pueden practicar la
eutanasia, siempre y cuando puedan permitirse pagar los elevados
costes económicos que conlleva.

La aplicación de la eutanasia tiene un enfoque muy claro en el
ámbito sanitario, donde algunas personas pueden padecer enfermedades
terminales muy dolorosas u otras patologías crónicas que acarrean
grandes sufrimientos físicos y evidentes impedimentos en el
desarrollo normal de la vida. Pero esto nos lleva a una de las
grandes problemáticas morales que plantea la eutanasia: ¿qué
sucede en aquellos casos en los que, sin tener una enfermedad grave o
terminal, se solicita la muerte de manera racional y deliberada?

Otra creencia extendida sobre la muerte digna es pensar que el
sentimiento de querer morir siempre es producto de un dolor físico
insoportable, motivado por una depresión o por la falta de apoyo
emocional. Esto también es un estereotipo confuso. Hemos conocido
casos de personas que, sin tener una grave enfermedad terminal ni un
gran dolor físico, estando en pleno uso de sus facultades y contando
con el cariño de sus familias, han solicitado la muerte. Y es que,
en ocasiones, un malestar psicológico podría causar mayor
sufrimiento incluso que un dolor físico. El gallego Ramón Sampedro,
siendo preguntado en televisión sobre sus padecimientos mientras
estaba postrado en la cama, parapléjico, dijo que depender de otros
para que te limpien tus excrementos también es un dolor psicológico,
y que este genera una de las mayores formas de sufrimiento. También,
recientemente, hemos conocido casos como el del científico David
Goodwall, que viajó a Suiza en 2018 solicitando la muerte porque ya
no era feliz con 104 años de edad. O el del filósofo zaragozano
Antonio Aramayona, quien decidió poner fin a su vida en 2016 antes
de que sus problemas de salud le impidieran ser una persona autónoma
e independiente.

En todo caso, principalmente conviene evitar caer en el falso mito
de que legalizar la eutanasia proporciona una manera fácil y rápida
de morir a cualquiera que lo solicite, argumento simplista que
banaliza por completo el fenómeno de la muerte digna y reduce al
absurdo una problemática muy compleja para quienes la padecen. La
aprobación de la Ley de Eutanasia aporta la capacidad de que
aquellas personas que se encuentran en situaciones tan complicadas
tengan una alternativa más para afrontarlas. En definitiva, una
buena Ley de Eutanasia nunca supondrá que el Estado legisle sobre
nuestra muerte. Una buena Ley de Eutanasia conseguirá que sea la
propia persona (y no el gobierno, ni la iglesia, ni las creencias
morales de otros) la que decida sobre su propia vida y sobre su
propio cuerpo.

Adrián Baquero Gotor es profesor de Filosofía

Fuente:
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/eutanasia-resurgir-falsos-mitos-muerte-digna

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