«Cada vez que vea a una persona se volva loco, se golpeaba y no miraba por su salud», recuerda. Desde su nacimiento, aquellas pupilas negras reflejaban el paisaje de su hbitat natural, pero esa vida desapareci. El depredador alado fue capturado; de una de sus patas comenz a sobresalir una anilla falsa. As, el cazador pretenda avalar fraudulentamente que el animal haba nacido en cautividad. La irregularidad fue descubierta, pero este azor ibrico no pudo volver a posarse nunca ms sobre los rboles que lo cobijaron cuando era libre.
Fuera de su entorno original desarroll miedo al ser humano. «Psicolgicamente estaba muy mal», lamenta la persona que lo cuid tras una incautacin realizada por tenencia ilegal. Debido a los problemas generados por su traumtico pasado, Francesco, el azor ibrico, no pudo ser devuelto a su hbitat. Necesitaba para el resto de sus das las «condiciones especiales» que Cristian Cabrera estaba dispuesto a proporcionarle. El director del Rincn de las Aves de Safari Madrid, recinto perteneciente al centro de rescate que dirige, habilit un espacio aislado de visitas. All, compartieron 17 aos de sus vidas. El peor de los diagnsticos lleg durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus. La rapaz tena un tumor en la garganta y una ceguera total. A Francesco se le aplic la eutanasia por motivos mdicos, una decisin que lo separ para siempre de sus cuidadores.
El Estado no fue informado de forma previa acerca del sacrificio de Francesco, un ave que le perteneca por ley al proceder de un decomiso y por ser una especie protegida internacionalmente. «Cuando el animal est mal, est sufriendo, el papeleo se alarga demasiado en el tiempo y no nos parece en absoluto tico prolongar su agona», defiende el director de Safari Madrid, Cristian Cabrera. El tumor ya impeda a la rapaz sacar la lengua correctamente para deglutir y no tena visin en ninguno de sus dos ojos. Aunque la Autoridad Administrativa Principal CITES de Espaa, dependiente del Ministerio de Comercio y propietaria de los ejemplares asegura desconocer la aplicacin de eutanasias sin autorizacin, sta no fue la nica.
De los 25 centros de rescate de especies CITES que respondieron a la pregunta, cuatro aseguran haber tenido que optar por la muerte inducida de algunos de estos animales por motivos mdicos. Algunos sacrificios se produjeron con autorizacin estatal previa y otros sin ella, pero siempre se aplicaron como ltimo recurso y por el bienestar del animal. Todos eran como Francesco, ejemplares aprehendidos y amparados por la Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). El acuerdo internacional salvaguarda a alrededor de unas 5.950 especies amenazadas de extincin por la sobreexplotacin de su comercio.
La mayor Autoridad mundial CITES recomienda a las Autoridades estatales de cada pas, mediante la Disposicin 17.8, que aprueben las eutanasias sobre especies protegidas antes de que se realicen. A pesar de ello, en Espaa se han aplicado con autorizacin estatal y sin ella, segn los testimonios de los centros de rescate CITES validados por el Estado. Por eso, la historia de Francesco y su cuidador slo ejemplifica una parte de los hallazgos de la investigacin. Mientras que la Autoridad Administrativa Principal CITES de Espaa niega que se hayan producido sacrificios de animales protegidos decomisados, los directores de dos establecimientos confirman que hay casos en los que han tenido que inducir la muerte de ejemplares incluso con la autorizacin previa del organismo. La Autoridad CITES, propietaria de estos animales hasta que se efecte el cambio de competencia a Transicin Ecolgica el dos de enero de 2022, desmiente haber emitido consentimiento previo alguno.
Adems, este trabajo desvela que, en algunos casos, los centros de rescate han recibido animales sin exmenes sanitarios previos con el consiguiente peligro para la salud pblica. La propia designacin de los establecimientos, proceso en el que se determinan los establecimientos vlidos para alojar especies protegidas, ha desencadenado un conflicto interno ministerial por la falta de coordinacin entre los departamentos administrativo y cientfico. Otro de los hallazgos de esta investigacin periodstica es que, por ley, la Administracin debera contar con un registro de animales CITES intervenidos, pero an no existe pasados ya 15 aos de su anunciada creacin.
A pesar de la negativa de la Autoridad Administrativa Principal CITES, la historia de Francesco, el azor sacrificado, no es nica ni extraordinaria. De los 25 centros de rescate que respondieron a la pregunta, cuatro aseguraron haber optado por la muerte inducida de alguno de los animales por motivos mdicos. Fueron el Centro de Conservacin Zoolgico de Crdoba, Natura Parc, Fundacin para la Investigacin en Etologa y Biodiversidad y Safari Madrid. Todos los ejemplares sacrificados estaban protegidos por la CITES y procedan de decomisos tras haber sido vctimas del mercado negro o por tenencia ilegal.
De los cuatro establecimientos citados, hay dos en los que se aplicaron eutanasias con una autorizacin previa. Tuvieron lugar en el Centro de Conservacin Zoolgico de Crdoba y en Natura Parc, de Mallorca, segn los testimonios de sus directores. El permiso se remite mediante mensajes de correo electrnico o por telfono y sin documento que exprese el consentimiento oficial. De este modo, los dos testimonios recogidos contradicen la versin dada por la Autoridad CITES.
«Esta Autoridad Administrativa CITES no ha autorizado nunca un sacrificio mediante eutanasia», expresa el organismo ministerial. Pero en el Zoolgico de Crdoba sacrificaron a un macaco de Gibraltar que se autolesionaba una vez recibieron la aprobacin del Estado. En Natura Parc tambin realizaron una eutanasia a «una serpiente» con autorizacin previa del departamento dependiente de Comercio. No slo niega las eutanasias, tampoco reconoce las autorizaciones.
Si el animal est agonizando, no voy a esperar a que nadie me diga si hay que ‘eutanasiarlo’.
En los otros dos establecimientos restantes -El Rincn de las Aves, de Safari Madrid y La Fundacin para la Investigacin en Etologa y Biodiversidad (FIEB), en Toledo- los sacrificios se llevaron a cabo sin autorizacin previa ministerial. Es la nica diferencia porque, al igual que en los otros dos centros, los responsables y sus equipos veterinarios tomaron la decisin por el bienestar de los propios ejemplares.
«Si el animal est agonizando, no voy a esperar a que nadie me diga si hay que ‘eutanasiarlo'», argumenta Carmen Aranda, directora y veterinaria de FIEB. La responsable reconoce que las han aplicado con autorizacin previa estatal y sin ella. Segn explica, en estos casos han elaborado informes sobre el estado de los animales para la Autoridad CITES antes y despus del sacrificio. «Tenemos libertad absoluta para darles los cuidados veterinarios que necesiten, el criterio lo aplicamos nosotros, no ellos», argumenta Aranda.
La Autoridad Administrativa Principal CITES Espaa no quiere explicar si est siguiendo la recomendacin internacional de emitir una autorizacin antes de que se aplique la eutanasia a los animales que les pertenecen por ley. Adems, ante la disparidad entre establecimientos, el organismo tampoco aclara si alguna vez han exigido a los centros que les informen del estado de sus animales para evaluarlas y autorizarlas previamente. El procedimiento no se especifica en el artculo 8.4 del Real Decreto 1333/2006y tampoco recoge si debe haber obligatoriamente una aprobacin previa estatal.
«Eso forma parte del descontrol total del Estado sobre los animales que le pertenecen por ley», piensa en voz alta Marta Bustelo, directora tcnica del Centro de Rescate de Primates Rainfer de Madrid. En los establecimientos que acogen especies CITES existe un registro de altas y bajas. No obstante, la Autoridad Administrativa CITES debera exigir «un informe veterinario que justifique la eutanasia», indica Bustelo. La mujer se expresa abiertamente aunque sabe que es posible que haya consecuencias. Con una experiencia de ms de dos dcadas acogiendo a simios que son del Estado, hace cinco aos que su centro no recibe ninguna peticin. «Nos tienen bloqueados, no nos envan ningn animal incautado en Espaa», revela. El motivo: hizo una peticin porque las ayudas econmicas estatales eran insuficientes para mantener a todos los primates.
ANIMALES SIN INSPECCIN PREVIA
El veterinario Alberto Martnez-Silvestre ha participado en incautaciones de especies CITES y reconoce no saber por qu en ocasiones se les pide acompaar a las autoridades y en otras no. Tras colaborar en varias intervenciones en Barcelona, el director del Centro de Recuperacin de Anfibios y Reptiles de Catalua (CRARC) alerta: «Podra haber algn animal enfermo o con una enfermedad transmisible o infecciosa«.
Una vez decomisados, esos ejemplares se reparten por centros de acogida ubicados en 16 provincias.
Son los puntos donde la Autoridad Administrativa CITES cuenta con 27 zoolgicos y centros designados -aunque el organismo no tenga en consideracin al Santuario de primates Rainfer, se incluye en el recuento y en el mapa-. «Es ms operativo contar con centros especializados y distribuidos por toda la geografa espaola», explica el organismo ministerial. En Espaa no hay un centro CITES estatal porque los animales «pertenecen a diversos grupos taxonmicos» y se incautan por «todo el pas», alega la Autoridad.
Despus, se transportan hasta los establecimientos elegidos. Estos, en ocasiones, reciben a los ejemplares incautados sin una inspeccin sanitaria previa por parte de la autoridad, segn testimonios de los responsables de los propios centros. Pero las evaluaciones veterinarias tambin dependen del lugar donde se produzca la aprehensin.
En la frontera, antes de que los animales accedan al pas, «hacen siempre un chequeo veterinario», indica uno de los jefes de la aduana de Barcelona. Lo mismo asegura otro de los jefes del mismo cuerpo destinado en Madrid. Aunque el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria no tiene la competencia en la materia, confirma de este modo que se inspeccionan sanitariamente a los especmenes CITES incautados.
Los encargados de hacer las pruebas veterinarias en frontera son los efectivos de Sanidad Exterior, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, segn el artculo 12 de la Ley 8/2003 de sanidad animal. Sin embargo, al preguntarles sobre las evaluaciones sanitarias de especies CITES decomisadas este departamento responde que la competencia recae sobre la Subdireccin General de Inspeccin, Certificacin y Asistencia Tcnica del Comercio (SOIVRE), dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Desde Comercio apuntan como responsables a Sanidad Exterior; se sealan mutuamente.
A pesar del desacuerdo ministerial, la Asociacin de Defensa y Estudio de la Fauna y la Flora Autctona, un centro de Barcelona que acoge animales CITES incautados, recibe a las especies que proceden de aduanas con una inspeccin sanitaria previa por parte de las autoridades, segn afirma su directora de proyectos Nuria Vall. Todos los recintos coinciden en que cuando llegan desde otros centros, a modo de reubicacin, tambin se conoce el estado de los ejemplares mediante la documentacin veterinaria. Esto no los exime de otra evaluacin y un perodo de cuarentena para evitar problemas de salud pblica en caso de que sufrieran una enfermedad zoontica o infecto-contagiosa para otras especies.
Esperaba a unos simios en «perfectas condiciones sanitarias», como reflejaba la declaracin, y el estado «era tan lamentable que uno muri».
En los decomisos en el interior del territorio es comn que los animales lleguen a los centros de rescate sin una evaluacin sanitaria previa, segn la recopilacin de testimonios de los 27 establecimientos oficiales. Si la hay, «nosotros desconfiamos de ella», dice Abel Garca, gerente de Ro Safari, en Elche. Sus palabras las comparte otro centro que denuncia lo que vivi. Su testimonio y documentacin aparece anonimizada por peticin expresa. Todo comenz con este documento.
Fue «sin ningn tipo de analtica bsica ni prueba diagnstica«, afirma con seguridad la persona del establecimiento que acogi a los dos ejemplares. Esperaba a unos simios en «perfectas condiciones sanitarias», como reflejaba la declaracin, pero su estado «al llegar era tan lamentable que uno de ellos muri al poco tiempo», denuncia. Recuerda que la hembra estaba «muy grave».
El disgusto se refleja en el tono de su voz. «Fue en funcin de su opinin y sin ningn tipo de chequeo«, contina. La firma de Y.R.M., una funcionaria del Ayuntamiento de Valencia que a su vez estaba colegiada como veterinaria, facilit que la infraccin fuese ms leve para la persona que posea ilegalmente a los dos simios.
La hembra que casi muere, tiene una nueva vida en una instalacin del recinto. Habita en un establecimiento que la Autoridad Administrativa Principal CITES valid sin cumplir la normativa, segn la Autoridad Cientfica CITES Espaa. Y no es el nico. Para aquellos que design a partir del 21 de noviembre 2006 tampoco consult a la parte cientfica.
ENFRENTAMIENTO MINISTERIAL
«Les hemos dicho que eso no se hace as». La Autoridad Cientfica CITES avisa a la Autoridad Administrativa Principal CITES. Hace casi 15 aos que desde el Ministerio de Comercio no consultan previamente a la parte cientfica, dependiente de Transicin Ecolgica, antes de determinar qu centros son vlidos para alojar especies protegidas incautadas. El rea cientfica defiende que le debe consultar antes, la Autoridad Administrativa Principal considera que no est obligada a hacerlo a pesar de asegurar meses atrs que s lo haca.
Las divergencias entre ambas autoridades estn provocadas por el artculo 3.1 a) del Real Decreto 1333/2006. En l, se refleja que la parte administrativa tiene que determinar qu centros CITES son «adecuados» para el depsito de los animales, consultando previamente a la cientfica. Este ltimo interpreta que se le debe preguntar antes de validar un establecimiento; en Comercio defienden que slo tienen que consultarles previamente a qu centros se envan a los animales de entre los ya autorizados por ellos mismos.
Al inicio de la investigacin, a finales de enero de 2021, la propia Autoridad Administrativa CITES afirm que remita informacin a la parte cientfica para determinar si un centro era adecuado para acoger especies protegidas. Segn este organismo, informan a la parte cientfica sobre las instalaciones del establecimiento, su ubicacin, la capacidad, el personal, la experiencia y el alojamiento de especies similares. En base a ello, tericamente la parte cientfica emite un dictamen sobre la idoneidad del mismo. Pero la jefa del Servicio de Evaluacin Cientfica, Brbara Soto-Largo, lo niega tajantemente: «No se nos ha consultado nunca».
El pasado mes de febrero, la Autoridad CITES pregunt a la parte cientfica de forma previa antes de facultar tres posibles centros CITES en Canarias, segn explica Soto-Largo. Fue la primera vez que les consultaron y lo hizo despus de que el Ministerio vecino -el de Transicin Ecolgica- le afeara los aos actuando al margen. «Tradicionalmente han actuado como han credo conveniente«, agrega la jefa del Servicio de Evaluacin Cientfica.
La distancia entre el Ministerio de Comercio -en el que est la parte Administrativa CITES- y el de Transicin Ecolgica -donde se ubica la Cientfica CITES- es de menos de diez minutos en coche, pero «hay una gran descoordinacin entre ambos», concluye Brbara Soto-Largo.
As, las designaciones de centros CITES otorgadas por la parte administrativa no seguan el proceso legalmente establecido en el Boletn Oficial del Estado, segn el criterio del Ministerio de Transicin Ecolgica. La parte administrativa, que incluso enumer a principios de ao la informacin que comparta supuestamente con los expertos del ministerio vecino, cambi su versin cuando conoci que la Autoridad Cientfica CITES dijo que era algo «nunca» pusieron en comn. De este modo, sin mayor coordinacin, se emitieron las certificaciones para centros CITES desde noviembre de 2006 hasta febrero de 2021.
La designacin que figura en este documento pertenece a Rainfer y en 2007 no tuvo que superar una inspeccin por parte de CITES para ser declarado centro vlido. Segn Marta Bustelo, su directora, ni llamaron ni aparecieron.
«No vinieron a ver si funcionbamos bien o si haban cambiado las cosas», dice desde la jefatura del establecimiento. Actualizaron direcciones fiscales para dar de alta un nmero de cuenta y enviaron otra «informacin bsica», tal y como les solicit la Autoridad Administrativa CITES. Tras ello, recibieron el papel que acreditaba su habilitacin. Rainfer, que ya colaboraba antes alojando animales de propiedad estatal, s pasa otras inspecciones, como la anual del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin. Sin embargo, la Autoridad Principal CITES, a quien pertenecen los animales que aloja, no ha acudido en al menos 15 aos, segn explica Bustelo.
«Yo tengo ganas de ver por lo menos una inspeccin, as sabra qu es y conocera de qu hablan cuando las mencionan», asegura. No les teme, aunque compaeros del sector le han avisado que las utilizan como instrumento de «amenaza» si «haces algo que les molesta». Cree que deberan realizarlas por responsabilidad y por el bien de los animales que les pertenecen. «Es poco serio», reflexiona la directora de Rainfer.
Otros centros, como Fundacin Mona, en Catalua, s tuvieron una inspeccin de la Autoridad CITES antes de ser validados. Eso sucedi hace 19 aos y no han vuelto, segn cuenta su directora Olga Feliu.
Sus testimonios difieren de lo comunicado inicialmente por la Autoridad Administrativa CITES que, antes de desdecirse, afirmaba por escrito que realiza «evaluaciones trimestrales» previas al pago de la asignacin econmica por el mantenimiento de sus especies. Al trasladarles que haba centros que no haban sido evaluados en aos, el organismo defiende que la periodicidad no est regulada en la normativa. «Se trata de cuestiones de procedimiento y de organizacin interna sujetas a calendarios establecidos para el personal inspector», aaden tambin por escrito. En medio ao no han querido prestarse ni a una entrevista presencial ni telefnica a pesar de habrsela solicitado en ms de 15 ocasiones.
Las entrevistas no son lo nico que la parte Administrativa Principal CITES se niega a conceder. Bajo su custodia haba supuestamente un registro «de carcter pblico», tal y como figura en el BOE, y que no est publicado. El motivo: No existe aunque hace casi quince aos que debera existir por ley.
UN REGISTRO INEXISTENTE
La opacidad de la Autoridad Administrativa Principal CITES tambin se extiende a la hora de proporcionar los datos de un registro de animales protegidos incautados. El contenido del «registro de especmenes CITES intervenidos» es de «carcter pblico», tal y como se puede leer en el artculo cuarto del Real Decreto 1333/2006. Pero no es accesible porque no existe. As lo reconoci la Administracin despus de dos peticiones y tres meses requirindoles el contenido del registro a travs del Portal de Transparencia de la Administracin General del Estado.
El registro debera contener informacin sobre las especies CITES incautadas y es independiente del que dispone el Servicio de Proteccin de la Naturaleza (Seprona) y del que realiza el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales con motivo de sus intervenciones. En este registro ministerial tendra que figurar, por un lado, un desglose con los ejemplares decomisados por infraccin administrativa o delito de contrabando; por otro, los aprehendidos por sentencia judicial firme. Todos estos datos, segn el Real Decreto 1333/2006, estaran en poder de la Direccin General de Poltica Comercial desde el 21 de noviembre de 2006.
«Siempre tratamos de dar toda la informacin posible, pero no siempre se puede dar», anticipaba en una conversacin una de las responsables del Ministerio de Comercio que no quiso facilitar el registro solicitado. Lo que nunca admiti es que realmente no disponan del mismo.
Tras la peticin inicial realizada a travs del Portal de Transparencia de la Administracin General del Estado, denegaron la concesin alegando que contena datos de las ubicaciones de los animales decomisados por centros. Al peligrar la preservacin de las especies -sealaba la respuesta oficial- no compartan el registro. A una segunda solicitud le sigui una nueva inadmisin. Esta vez tampoco podan enviar el registro al menos con un desglose anual de los datos porque incurra en un proceso de reelaboracin. «No se puede paralizar as el trabajo de la administracin», protestaba la funcionaria por telfono.
Es un registro de carcter pblico, segn el Real Decreto, pero la Administracin alegaba lo contrario por la necesidad de «preservar la confidencialidad y proteccin de ciertos datos». Velaban por una informacin inexistente. De este modo lo reconoci tras recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, rgano decisorio cuando se agotan las primeras vas a travs del Portal de la Transparencia. «No existe un registro oficial de especies CITES incautadas», escribe la Direccin General de Poltica Comercial en la Resolucin.
Explica que en 2004, dos aos antes de anunciarse en el BOE la creacin del citado registro, intentaron poner en funcionamiento una aplicacin para las autoridades aprehensoras y los centros CITES. Sin embargo, no haba informacin judicial y los establecimientos que alojaban a sus animales aadan datos de especies que no eran CITES ni decomisadas. En 2018 avanzaron en la elaboracin de una base de datos o «listado ms fiable», segn afirman, y as definen la informacin de la que disponen. Un listado de especmenes CITES.
El coste de la manutencin de esas especies no siempre corre a cuenta del Estado, el propietario de los animales protegidos incautados. El dinero es insuficiente. Adems, tres de los 25 centros de rescate continan acogiendo ejemplares sin disponer de una asignacin econmica. Siguen esperando una ayuda estatal.
«Es obligacin estatal contribuir con su alojamiento y manutencin adecuados», reconocen desde la Autoridad Administrativa Principal CITES. Sin embargo, en tres de los 25 centros designados siguen acogiendo animales del Estado y no disponen de una asignacin econmica.
A falta de dinero para mantener a unas especies que no son de su propiedad, recurren a la inversin privada, ya sea de sus propios ahorros o de la venta de entradas al pblico. Ni el Zoolgico El Bosque, en Vigo, ni el de Castellar de la Frontera en Cdiz, entienden por qu hacen esa distincin con ellos. «Menos mal que tenemos un fondo destinado a la alimentacin de los animales», dice con preocupacin el responsable del Zoolgico de Castellar, Javier Morales. Despus de siete meses cerrados por la pandemia, han tenido que sacar dinero de la reserva del establecimiento. Su centro sigue a la espera de una respuesta que no ha llegado por parte de la Autoridad CITES: «Hemos presentado facturas con toda la inversin, pero no sabemos si nos van a ayudar o no». No tiene mucha esperanza.
«Estoy haciendo el panoli». Ramos ha comprado una parcela de 100.000 euros para alojar animales del Estado y gasta 3.000 al mes en comida.
Quien ya ha tomado una decisin ante la falta de ayudas ha sido Gonzalo Rubio, el director del Zoolgico de El Bosque. Se niega a acoger a ciertos animales que el Estado le ofrece. «Los que vayan a comer mucho o sean especialmente peligrosos, los rechazamos», reconoce. No sabe por qu para ellos no hay una asignacin econmica estatal. Al igual que los centros que disponen de una, el suyo tambin aloja especies CITES incautadas.
El propietario del tercer centro, Indalexotic de Almera, es un mar de dudas. Sigue pendiente de la designacin y no recibe ningn tipo de subvencin. «Cuando hablo de eso pienso que estoy haciendo el panoli», se queja. Antonio Jess Ramos ha gastado 100.000 euros en adquirir una parcela para alojar a los animales decomisados del Estado y ahora que tiene 25 ejemplares y un gasto mensual de 3.000 euros en darles de comer, la Autoridad CITES no le informa: «No me termina de decir cmo funciona todo».
La desazn de Ramos vira en ilusin cuando habla de «lo bonito» que sera educar y sensibilizar a travs de esas especies decomisadas que recibe. Pero lo que comenz «como un intercambio de favores» se ha convertido en un esfuerzo «grande» para l y su familia. Por eso, al enterarse que la Autoridad Principal da dinero a otros centros no puede evitar exclamar: «Oigan, a m tambin aydenme, que no va a ser lo gordo para unos y lo chico para otros!».
Ante las peticiones de ayudas, la Autoridad Administrativa Principal CITES ensalza la colaboracin gratuita pblico-privada. «Son varios los centros que durante aos han prestado su colaboracin de forma totalmente altruista y desinteresada econmicamente», responde el organismo. Los responsables de algunos de esos establecimientos no estn de acuerdo con la versin oficial.
De las arcas del Estado sale cada dos aos ms de medio milln de euros, concretamente 578.452 euros, destinados a 24 establecimientos. La Autoridad CITES asegura calcular la cantidad mediante «un baremo» que relaciona el nmero de ejemplares, el tipo de especie y el consumo anual aproximado, pero algunos de los centros que reciben ese dinero explican las circunstancias que hay detrs de esos datos.
«Ellos prefieren que no hagamos un desglose real de ejemplares ni de lo que consumen porque se les caera la cara de vergenza», indica Dionisio Balser, director del centro canario Cocodrilo Parc. Est seguro de que «ya prcticamente no hay nadie que quiera colaborar con CITES» porque las ayudas son insuficientes.
Desde otro centro de Canarias, Neotrpico, su director Jaime Andrs de Urioste asegura desconocer en qu se basan para designar las ayudas econmicas, pero cree que tienen en cuenta los registros anuales que les envan con las altas y bajas de los animales.
La disparidad entre centros se muestra en la asignacin econmica. Segn el anlisis de informacin de los 24 convenios publicados en el BOE, las cantidades son diferentes para los establecimientos. Al igual que los acuerdos, que son de validez bianual y prorrogables 12 meses ms, el dinero es para el mismo perodo. Ahora, en 2021, los establecimientos disponen de la misma cantidad asignada en 2018 debido a la extensin de los acuerdos.
A veces, la cuanta se acompaa de subvenciones autonmicas o locales, en otros casos no. La estatal no es suficiente para cubrir los gastos de sus propios animales, segn los 24 centros CITES que disponen de asignacin econmica. Los donantes, visitantes, socios y padrinos de los animales son quienes ms aportan para su manutencin y cuidados.
Son personas ligadas a los centros CITES o trabajadores de los mismos. Gente que sufre cada vez que un animal muere, como cuando falleci Francesco, el azor ibrico sacrificado. Las circunstancias del desenlace las desconoce su propietaria, la Autoridad Administrativa Principal CITES Espaa. No sabe que al hacerle un mantenimiento de sus uas y del pico los cuidadores se dieron cuenta de que estaba ciego de los dos ojos y que un tumor en la garganta le impeda alimentarse. El Estado no tiene inventariado que la persona que lo cuid tom la decisin de sacrificarlo despus de 17 aos de convivencia. No conocan a Francesco, tampoco figuraba en su registro fantasma.
NOTA Y METODOLOGA
Esta es la ltima pieza de las tres entregas. Al igual que las dos anteriores, se present como trabajo final en el Mster de Periodismo de Investigacin, Datos y Visualizacin de EL MUNDO. Durante ms de seis meses, los periodistas MARCOS GARCA REY y PABLO HERRIZ CARBONARO ejercieron de tutores, editores y verificadores del contenido de todas las piezas. Tambin fueron ese apoyo tan necesario que requiere todo profesional para mejorar y seguir aprendiendo.
La labor de informar con rigor a la opinin pblica se vio entorpecida por la falta de transparencia de la Autoridad Administrativa Principal CITES, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es el organismo al que, por ley, pertenecen las especies CITES incautadas.
La citada autoridad no reconoci durante seis meses que en Espaa se hayan realizado eutanasias a animales CITES decomisados. Sin embargo, desvelamos mediante los testimonios recabados que esos sacrificios s se efectuaron y presentamos el motivo: razones mdicas.
Obtener las respuestas de la Administracin Principal CITES de Espaa fue complejo por la escasa disposicin a explicar aspectos de su gestin. En seis meses, no concedieron ninguna reunin presencial o telemtica ni se prestaron a mantener conversacin telefnica alguna. Hubo ms de 15 llamadas para pedir a la Secretara de Estado de Comercio, de quien depende esa autoridad, que fijara una fecha para una entrevista. Durante los dos primeros meses del ao, no declin concederla, pero en ese perodo requiri un cuestionario previo antes de tramitar la entrevista. Sin respetar lo acordado, respondieron a las preguntas por escrito.
Las repreguntas y sus ulteriores contestaciones no fueron satisfactorias para resolver las dudas periodsticas sobre asuntos como los sacrificios de los animales protegidos o la financiacin pblica de los centros de rescate CITES. A pesar de trasladarlo, no accedieron a atender a las reporteras ni en persona ni de viva voz.
Esta falta de transparencia y de colaboracin tambin complic la obligacin de obtener un registro de especies CITES intervenidas, una base de datos que oficialmente debera existir. Supuestamente, esa documentacin obraba en poder de la Autoridad Administrativa Principal CITES Espaa. El contenido del mismo no podemos ofrecerlo porque en realidad no existe.
La creacin del registro se anunci en el Boletn Oficial del Estado hace casi 15 aos y mediante el Real Decreto 1333/2006, pero a pesar de no disponer del mismo, la citada Autoridad se neg a compartirlo por otras razones. Argumentaba que contena informacin que podra hacer peligrar la preservacin de los ejemplares, que haba que reelaborar y que no se poda «paralizar» as el trabajo de la Administracin. Hubo dos denegaciones a travs del Portal de la Transparencia y cinco conversaciones telefnicas con la unidad correspondiente para intentar negociar el envo. Ocultaron siempre que no haban desarrollado tal registro. Tras las reiteradas negativas, se interpuso una reclamacin ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Autoridad reconoci finalmente que el registro no existe.
En la investigacin se ha consultado a las autoridades nacionales CITES de Reino Unido, Alemania e Italia. Nos trasladaron con transparencia el trabajo que realizan con estos animales de los que son propietarios por ley.
Para conocer la realidad de la gestin de la administracin espaola se contact con los 28 centros CITES validados. Todos accedieron a conversar, salvo Selwo Aventura, en Mlaga.
La mayora de las entrevistas a los responsables de estos establecimientos se llevaron a cabo telefnicamente, pero tambin hubo una labor de trabajo de campo. Sus ubicaciones estn repartidas por 16 provincias espaolas y visitamos seis centros: Karpin Fauna de Vizcaya, Safari Aitana y Ro Safari Elche de Alicante, y en Madrid el Centro de Rescate de Primates Rainfer, Safari Madrid y El Rincn de las Aves.
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