Fernando Simón Yarza: Eutanasia por compasión

Fernando Simón Yarza

Profesor titular de Derecho Constitucional por la Universidad de Navarra
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Teñido del uso emotivista sin matices del discurso de los derechos, el debate público está cayendo en un estado de enorme confusión. Un último ejemplo nos lo ofrece, a mi juicio, el problema de la eutanasia, cuya legitimidad jurídica no puede resolverse con simples referencias a los derechos, desligadas de un razonamiento más profundo sobre el bien común. Pienso que deberíamos ser conscientes de que, por sí mismo y sin referencias a un Tao, razón práctica o bien objetivo, un catálogo de derechos yuxtapuestos no responde bien a los desafíos jurídicos que enfrenta nuestra sociedad. En el debate sobre la eutanasia, entiendo que la razón práctica soporta amenazas graves.

En la medida en que la eutanasia constituye un tabú, una posibilidad que no se contempla, allende las fronteras de lo jurídicamente admisible, el cuidado del anciano constituye para la sociedad un imperativo absoluto. El enfermo no se puede plantear su vida como una carga de la que podría aliviar a sus allegados, porque el juicio sobre el valor de su vida es absoluto, no depende de él. Se evitará ciertamente el encarnizamiento terapéutico, mas no se reparará en gastos para cuidarlo, ni atenciones familiares y sociales para paliar sus sufrimientos porque, a fin de cuentas, se trata de algo sagrado.

En el momento, sin embargo, en que se le atribuye —expresa o tácitamente— un derecho a la eutanasia, es a él a quien corresponde la decisión de continuar o no viviendo. Su vida no es un absoluto, sino que ostenta el valor subjetivo que él quiera conferirle. Este valor, sin embargo, no tiene por qué ser compartido por sus allegados ni por la sociedad, porque su vida ya no es un absoluto para el Derecho. En consecuencia, si su decisión de seguir viviendo entra en conflicto con la pesadez de quienes entienden que constituye una carga excesiva, ambas valoraciones sobre la vida se tendrán por admisibles a priori. De esta forma, al haber caído el tabú —sostenido por el Derecho— que impide cuestionar el valor absoluto de su vida, caerá también otro tabú, a saber, el que nos prohíbe terminantemente verle como un egoísta que, en su lamentable estado, bien podría quitarse de en medio. Y es que, a fin de cuentas, aunque su decisión de vivir a expensas de grandes costes y atenciones sanitarias está en su mano, también lo está su decisión de poner término a su vida, ahorrando costes y atenciones sanitarias. Todo el peso de la decisión recae sobre él, un hecho que, consecuentemente, ha de abrir la puerta a ejercicios de presión. Un afamado defensor de la eutanasia, Ronald Dworkin, se refería a la vida sufriente del enfermo terminal como vida que ya no es «vida en serio», y citaba un fragmento de Nietzsche cual si se tratase de un juicio legítimo y respetable sobre la vida humana: «en un cierto estado es indecente seguir viviendo…» (Life’s Dominion, Nueva York, 1993, p. 212). Omitía la referencia, además, a la proposición, aún más tremenda, con que abría Nietzsche su opinión: «el enfermo es un parásito de la sociedad» (Götzen-Dämerung, en Sämtliche Werke, 9, Berlín, 1988, § 36, p. 134).

No cuestiono que sea la compasión el móvil de muchos que pretenden legalizar la eutanasia —de hecho, tengo amigos que la defienden con esa motivación—, pero tampoco se me ocultan dos cosas: primero, que el Derecho tiene elementos suficientes para lidiar con la inimputabilidad de sujetos bajo presión extrema; y segundo, que el leit motiv de la ley no debe ser el caso extremo sino el bien común, pues del bien común dependen innumerables casos individuales no contemplados cuando se pone el foco en un único caso extremo. La deriva contemporánea del discurso de los derechos tiene buena culpa en no advertir esto.

Si se legaliza la eutanasia, la vida del enfermo dejará de ser «vida en serio», y lo que se defiende como una libertad terminará convirtiéndose en un ejercicio de presión sobre los «parásitos sociales» de los que habla Nietzsche, que se verán empujados a dejar de interferir en la «vida en serio» de sus cuidadores. En fin, la conciencia de quienes disienten ha de verse igualmente amenazada, especialmente si ocupan posiciones desde las que son llamados a colaborar con prácticas de suicidio. Se hablará entonces del deber estatal de «hacer efectiva la prestación», y se subordinará la conciencia del médico a la efectividad del servicio. Los juristas deberían meditar profundamente sobre estas y otras razones antes de apresurarse a hacer ejercicios abstractos, alejados de la realidad, con un catálogo de derechos yuxtapuestos. Los derechos han de interpretarse en atención al bien de la sociedad, en lugar de subordinar el bien de la sociedad a racionalizaciones que —justamente por su nominalismo— chocan con la razón.

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