El PP denuncia el «secuestro» del Legislativo por el Gobierno y sopesa acudir en amparo al Constitucional

El Partido Popular ha decidido pasar a la accin y denunciar el «uso fraudulento» y las «argucias» que utiliza el Gobierno para imponer sus iniciativas legislativas «laminando» y «secuestrando» el trabajo del Poder Legislativo, esto es, el trabajo de las Cmaras y los derechos de los representantes de la soberana nacional. El PP advierte que, de mantenerse la actitud del Ejecutivo, no dudar en recurrir en amparo al Tribunal Constitucional.

El primer partido de la oposicin ha emprendido una ofensiva para hacer pblicas las «maniobras» del Gobierno, apoyado por los dos grupos parlamentarios que le sustentan -PSOE y Unidas Podemos- y por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con el fin de restringir la actividad parlamentaria -el debate y la capacidad de enmienda- a fin de sortear cualquier obstculo que se interponga a sus propuestas.

El PP denuncia el «abuso» del real decreto ley por parte del Ejecutivo que no duda en convertir cualquier iniciativa en propuesta de «urgente necesidad» hasta el punto de forzar al Congreso en un mero «convalidador» -con votaciones de s o no- de sus designios. En lo que va de legislatura, el Gobierno de Pedro Snchez ha sometido a la Cmara un total de 129 decretos.

Muchas de estas convalidaciones son aprobadas por la Cmara previa condicin de ser tramitadas a continuacin como proyecto de ley con el objetivo de que las fuerzas parlamentarias puedan introducir las enmiendas oportunas. La tramitacin como proyecto de ley es votada a favor por los grupos gubernamentales, incluidos los miembros del Gobierno que gozan de la condicin de diputados, sin embargo, a la hora de ponerla en prctica, PSOE y Unidas Podemos utilizan su representacin mayoritaria en la Mesa del Congreso para paralizarla a fuerza de eternizar semana tras semana el plazo de presentacin de enmiendas.

As, el proyecto de ley, procedente de real decreto, de medidas de reactivacin frente al impacto del Covid en el transporte y la vivienda, contabiliza 79 semanas de aplazamientos; el de medidas urgentes de apoyo al turismo, la hostelera y el comercio en materia tributaria, acumula 62 semanas, igual que el de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y econmica en vivienda y transportes; el de adaptacin al Brexit y el de modernizacin de la Administracin para ejecutar el Plan de Recuperacin, Modernizacin y Resiliencia. Algo menos, 58 semanas de aplazamientos, computa el proyecto de ley de refuerzo y consolidacin de medidas sociales en defensa del empleo y el de medidas para la reduccin de la brecha de gnero.

La lista de iniciativas adoptadas por el Gobierno mediante decreto que han sido convalidadas por el Congreso y, en consecuencia, se encuentran en vigor pero que apenas, en contra de lo votado por los grupos parlamentarios, no incluirn ninguna enmienda de las distintas formaciones que representan a la ciudadana, es extensa . La consecuencia ltima de esta «triquiuela», denuncian los populares, es que a la postre «quien legisla es el Ejecutivo» usurpando sus funciones al Parlamento.

Eludir informes constitucionales

Tambin reprocha el PP la costumbre del Gobierno de utilizar a sus dos grupos parlamentarios para presentar como proposiciones de ley, y no como proyectos de ley, aquellas iniciativas en las que pretende eludir los informes preceptivos de los rganos constitucionales -Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal …- por considerar que pueden resultarle adversos. Este ha sido el caso de la Ley de Eutanasia; de la derogacin del artculo 315 del Cdigo Penal; de las dos proposiciones de reforma de la Ley Orgnica del Poder Judicial y, ahora mismo, de la proposicin de ley para establecer impuestos extraordinarios a las empresas energticas y a la banca.

A ello aaden los populares el hbito de la Mesa del Congreso, dominada por PSOE y UP, de calificar proyectos de ley remitidos por el Gobierno que no cuentan con los preceptivos informes. As ha sucedido, por ejemplo, con el proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupcin Voluntaria del Embarazo que no adjuntaba el informe del CGPJ o el proyecto de reforma del Cdigo Penal en materia de maltrato animal, que slo cuenta con el informe -no muy favorable- del Consejo Fiscal.

Adems, el Gobierno, denuncian los populares, ha adquirido la costumbre de imponer tramitacin urgente a sus proyectos de ley lo cual implica reducir a la mitad los plazos de debate y anlisis en el Congreso y la supresin del trmite de comparecencias eludiendo de esta forma la opinin de los expertos y de los representantes de las organizaciones sociales. En este caso se encuentran la ley del aborto, la de bienestar animal, la ley Trans, la de empleo y la reforma del Cdigo Penal sobre el maltrato animal.

Por ltimo, el PP critica que una parte del Gobierno remita a la Cmara, con la firma de sus ministros, proyectos que corresponden a ministerios de la otra faccin gubernamental. Es el caso de la reforma del Cdigo Penal para cambiar un artculo del mismo y castigar el maltrato animal, algo que en principio corresponde al Ministerio de Justicia (PSOE) y que, sin embargo, ha sido enviada al Congreso por el Ministerio de Derechos Sociales (UP). En opinin de los populares esto no hace sino poner en evidencia la «existencia de dos Gobiernos».

La direccin del Grupo Popular ha solicitado a la Mesa de la Cmara que se suprima la tramitacin urgente de cuatro de los cinco proyectos de ley calificados por la mesa -todos, salvo el de Empleo- y que se abra el turno de comparecencias de expertos y sociedad civil; que los proyectos de ley que se remitan a la Cmara sin los preceptivos informes no se califiquen hasta que los tengan y que la Mesa del Congreso ejerza rigurosamente y con neutralidad su papel de rgano rector y guardin de los derechos de los diputados sin actuar «como paladn» del Gobierno.

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