El Hospital San Juan de Alicante practica la tercera eutanasia de la que se tiene constancia en España | Sociedad

Entrada al Hospital Universitario Sant Joan de Alicante, este martes.
Entrada al Hospital Universitario Sant Joan de Alicante, este martes.JOAQUIN DE HARO RODRIGUEZ

La ley de eutanasia que se aprobó en marzo y entró en vigor en junio ha permitido a una mujer ingresada en el Hospital San Juan de Alicante conseguir su “deseo de desaparecer”. Su caso es el tercero que se conoce en España después del de una mujer de 86 años en el País Vasco y un hombre que recibió ayuda para suicidarse en Asturias. Se sabe que la mujer tenía más de 60 años y que había llegado a una fase muy avanzada en la esclerosis múltiple que padecía desde hacía más de dos décadas. La fecha de la muerte asistida no ha trascendido.

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La solicitante, viuda y sin familia, se encontraba en condiciones de alta dependencia, lo que la obligó a vivir los últimos meses en una residencia. Ingresó en el hospital el 9 de agosto. “Su caso es muy parecido al de María José Carrasco, con la diferencia de que estaba sola, ya no tenía a su marido”, relata Marisa Velasco, vicepresidenta de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente (DMD) en la Comunidad.

La primera mujer valenciana a la que se le ha practicado la eutanasia llevaba mucho tiempo expresando su deseo de morir, dado el proceso degenerativo que sufría desde hacía dos décadas. A pesar de que su capacidad mental se mantuvo intacta hasta el final, no contaba con apoyo familiar. En su lugar, la fallecida acudió a la asociación DMD para encontrar asesoramiento y protección. “Lo hicimos sin condicionar su voluntad y respetando cualquier deseo de volver atrás en su decisión. Nuestro objetivo es que, si existe la ley, si la persona lo desea y cumple los requisitos, se pueda cumplir su voluntad”, recalca la representante de la asociación.

Desde la entrada en vigor de la Ley de la Eutanasia el 25 de junio, solo se ha tenido noticia de dos casos de muerte asistida en España, el de la eutanasia a una mujer de 86 años en el País Vasco y el de un suicidio asistido en Asturias. En el caso de la primera valenciana en recibir la eutanasia, la situación de pandemia había complicado su situación personal. “Se sentía sola, aunque estaba en un centro residencial. No lo tenía fácil, solo podía contactar con ella telefónicamente”, explica Velasco, doctora en enfermería y profesora durante 17 años de cuidados paliativos en la Universidad de Alicante, con experiencia en la atención a pacientes oncológicos. “Cuando conoces de cerca el sufrimiento de las personas, te das cuenta de que hay vidas que no merecen ser vividas, pero siempre que la propia persona lo sienta así. El sufrimiento es muy duro de ver”, confiesa esta sanitaria.

“Voy a conseguir mi deseo de desaparecer”

La portavoz de DMD mantuvo comunicación diaria con la fallecida desde finales de marzo, cuando la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado. “Tuvimos muchas conversaciones. Fui a verla a la residencia la primera vez que la abrieron tras las restricciones. Estuvimos dos horas hablando de su situación personal. Hasta tuvo humor de hacer un chascarrillo preguntando por qué tenía que vacunarse si lo que quería era morirse”, describe Velasco.

Marisa Velasco, de la asociación Derecho a Morir Dignamente, este martes en Alicante.
Marisa Velasco, de la asociación Derecho a Morir Dignamente, este martes en Alicante. JOAQUIN DE HARO RODRIGUEZ

El último mensaje que envió la fallecida, ya ingresada en el hospital, expresaba el agradecimiento al asesoramiento de la asociación: “Marisa, muchas gracias. Te lo debo, me has apoyado mucho. Mañana, por fin, voy a morir y voy a conseguir mi deseo de desaparecer”.

A pesar del seguimiento diario del proceso, la portavoz de la asociación a favor de la muerte digna no había recibido noticia de la eutanasia hasta el contacto de este diario. “Nadie me lo ha comunicado, he dado por sentado que se había producido”, reconoce Velasco, que mantenía comunicación con la mujer todos los días hasta su ingreso hospitalario.

“Ella necesitaba descargar su ansiedad. Mi impresión es que nunca se había visto tan ansiosa con la expectativa de la eutanasia hasta la muerte de marido, que era su cuidador”, valora esta sanitaria, al recordar lo “demasiado largos” que se le hacían los plazos a la fallecida. “Lo pasaba mal fundamentalmente por su estado de soledad. Se quejaba de que había venido el médico de referencia para explicarle los cuidados paliativos, y yo la calmaba diciéndole que formaba parte del protocolo. Pero estaba muy concienciada de su situación, sentía que su vida no era digna ni deseable. Cualquier otra información que la condujera a convencerla de lo contrario le daba siempre aversión”, explica la portavoz de DMD.

Un final ágil pese a las trabas

La solicitante tuvo que esperar hasta que se constituyera la Comisión de Garantía, figura autonómica de apoyo al desarrollo de la ley que se formó después de entrar en vigor la norma. Al morir el marido, la solicitante, que quedó bajo la tutela de un tutor legal para los asuntos administrativos derivados de su enfermedad, ingresó en una residencia. La fallecida tenía un testamento vital solicitando expresamente su voluntad de querer recibir la eutanasia. “Se mantuvo coherente hasta el final. No ha necesitado hacer uso del testamento porque se mantuvo consciente y capaz, pero tenía mucha necesidad de dejarlo todo perfectamente escrito. Había hecho un testamento hacía muchos años, pero le aconsejé que lo hiciera de nuevo solicitando la eutanasia. De alguna manera, ha facilitado las cosas”, explica Velasco.

Además del sufrimiento de la soledad, la fallecida, exfuncionaria, había dejado su seguro privado, por lo que se encontraba en un estado de desasistencia sanitaria. “El neurólogo del seguro se había jubilado, lo que le complicó un poco las cosas”, señala Velasco. Aunque el caso de la alicantina se ha desarrollado “con mucha agilidad”, según la representante de DMD, la solicitante vivió muchas trabas. Pese a que el centro residencial proporcionaba un sanitario para asistir a los residentes, la mujer no tenía un médico y un centro de referencia como exige la normativa. “Además, también hubo una cierta interferencia de la residencia, que en un principio fue reticente” al ofrecer alternativas de cuidados frente a la eutanasia, explica la sanitaria.

Tras recopilar los datos y los documentos necesarios, el abogado de la solicitante tramitó el proceso en la Consejería de Sanidad, cuyos resultados permitieron facilitar un médico y un hospital para hacer realidad la muerte asistida. “Este era un caso bien complejo, aunque cumplía todos los requisitos, pero se ha podido resolver ágilmente. Pensé que se alargaría hasta septiembre. Gracias a la Consejería y la Comisión de Garantía el proceso ha sido bastante rápido”, manifiesta Velasco.

Tras la primera práctica de eutanasia en el ámbito valenciano, la asociación DMD cree que se producirán más casos y confirma que existen otras solicitudes en marcha. Fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por este diario señalan que el recuento de los casos practicados está en manos de las comunidades autónomas. “Junto con Euskadi, creemos que somos los primeros, pero no lo sabemos con seguridad porque los datos son privados. Solo se hacen públicos los casos gracias las familias que quieren dar visibilidad a un asunto como cualquier otro problema de la vida de las personas”, señala María José Alemany, presidenta de la asociación en Valencia.

A pesar de la agilidad en el proceso de la eutanasia a la mujer alicantina, Alemany lamenta “la lentitud” de la Consejería de Sanidad en formar a los profesionales sanitarios. “No se ha dado hasta ahora ningún tipo de formación a los sanitarios para abordar estas situaciones. Sabemos que personas con una situación susceptible de solicitar la eutanasia encuentran médicos que se declaran objetores o dan información confusa alegando que no saben dónde entregar los documentos, aunque la ley dice que si un profesional es objetor, debe derivar a los solicitantes a otro compañero para que el caso prosiga, pero no se está dando. En el País Vasco, donde todo se ha puesto en marcha con rapidez, el portal web ofrece información completa. En nuestro caso hay serios déficits. Depende de la voluntad política y del compromiso de llevarlo adelante”, sostiene la portavoz de la asociación en Valencia.

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