El Gobierno aprueba la Ley de Vivienda pese al informe en contra del CGPJ: «Es hora de dejar atrs las burbujas inmobiliarias»

El proyecto que aspira a limitar los precios se tramitar por va de urgencia en el Congreso, donde por ahora no tiene los apoyos necesarios

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Avis la semana pasada el Gobierno de que habra Ley de Vivienda dijera lo que dijera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y as ha sido. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que se tramitar en el Congreso por el procedimiento de urgencia, pese al informe del CGPJ cuestionando varios de los aspectos fundamentales de la que est llamada a ser una de las leyes estrellas del Gobierno de coalicin.

«Esta ley no va en contra de nadie, sino que va a favor de una mayora social», ha subrayado en la rueda de prensa posterior la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Snchez, quien ha hablado de una «ley histrica» destinada, segn la versin del Gobierno, a ampliar el catlogo de derechos en nuestro pas y a reforzar el Estado del bienestar. «Es una ley rigurosa, slida, compacta y transversal, que blinda la funcin social de la vivienda y cumple un compromiso inaplazable con la mayora de este pas».

Segn ha detallado Snchez, la nueva ley proteger y fomentar el parque pblico de vivienda social, mejorar la regulacin de los desahucios a personas en situacin de vulnerabilidad, incentivar la vivienda protegida a precio limitado, mejorar la regulacin del IRPF para estimular el alquiler y establecer frmulas para contener y corregir los desequilibrios en los precios en las «zonas de mercado tensionado», uno de los puntos ms conflictivos del proyecto.

La semana pasada el Consejo General del Poder Judicial aprob por 15 votos a favor y seis en contra un informe, preceptivo pero no vinculante, en el que el rgano de gobierno de los jueces cuestionaba la invasin de competencias autonmicas en que podra incurrir el Gobierno as como la posible intromisin en el derecho a la propiedad privada.

El CGPJ consideraba el texto del Gobierno «sobrecargado», «contradictorio», «farragoso», «incongruente», «nocivo», «innecesario» e «inoportuno».

«Esta es una ley imprescindible porque el mercado ya se ha demostrado ineficaz para dar respuesta», ha reiterado Raquel Snchez. «Aquellos que pregonan ahora la liberalizacin lo nico que consiguieron fue el lucro de grandes grupos inmobiliarios, lo que gener mucho sufrimiento a la gente de este pas. Evitar la especulacin es un mandato de la Constitucin y nadie debera ver en ello una colisin con el derecho a la propiedad, porque esta ley lo protege. La ley no va en contra de los propietarios, sino en contra de la especulacin», ha asegurado.

La ministra ha mostrado su «respeto absoluto» por las consideraciones del CGPJ y ha asegurado que en el proyecto se han incorporado «algunas de sus observaciones», pero ha recordado que su informe no es vinculante y ha subrayado que poder hacer frente al pago de las hipotecas o los alquileres es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos espaoles, «algo que ha limitado muchos proyectos de vida y ha generado angustia a mucha gente, sobre todo a los jvenes y los ms vulnerables». Ha defendido tambin que el Estado tiene «competencia exclusiva» a la hora de garantizar la igualdad de acceso de los ciudadanos al ejercicio de sus derechos, incluido su derecho a una vivienda digna.

«Este proyecto de ley reconoce las competencias de las autonomas en materia de vivienda y pone a su disposicin los instrumentos para ayudarlas a hacer efectivo este derecho», ha aadido. «La vivienda no puede suponer una condena a la pobreza ni una losa para los ms jvenes que les impida materializar sus sueos».

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido que esta ley es un primer paso para dejar atrs la especulacin y los pelotazos urbansticos. «Ya es hora de dejar atrs las burbujas inmobiliarias, que es lo nico que ha conocido mi generacin», ha reivindicado.

Belarra ha asegurado que el estado actual del sector inmobiliario beneficia slo a los fondos de inversin y a los grandes propietarios, «que viven de alquilar muchas viviendas que han heredado y no trabajan», y ha sostenido que el proyecto del Gobierno «pone orden en la ley de la selva». «Es la hora de reequilibrado esta balanza, proteger a los inquilinos, que son parte la parte ms dbil de la ecuacin, dar facilidades a los pequeos propietarios y exigir responsabilidades a los grandes».

Las dos ministras han insistido en que la aprobacin de esta ley es «urgente» y han hecho un llamamiento al resto de fuerzas polticas para «trabajar conjuntamente, escuchar y mejorar el texto», que ha salido del Consejo de Ministros nuevamente sin contar con los apoyos necesarios en el Congreso.

Socios del Ejecutivo

Los socios del Gobierno (ERC, PNV y Bildu) ya amenazaron con tumbar la ley al considerar, principalmente, que el plazo de 18 meses que se ha concedido el Ejecutivo para establecer un ndice de precios de referencia en la vivienda es excesivo. Tanto Snchez como Belarra han repetido hoy que esos 18 meses fijan un «plazo mximo» y han reiterado que para el Gobierno la aprobacin de la ley es «urgente».

Cuestionadas ambas por el rechazo a esta ley que han manifestado tambin varios Ayuntamientos y Gobiernos autonmicos, no slo del PP, Snchez y Belarra han comprado la nueva regulacin de la vivienda con la ley del matrimonio homosexual, el aborto o la eutanasia. «Los avances sociales han tenido siempre el rechazo de los poderes abiertamente reaccionarios», ha dicho Belarra, que ha pronosticado que, con el paso del tiempo, «los partidos de derechas tambin asumirn esta ley como propia».

«Cuando los dirigentes del PP tengan en sus manos herramientas para bajar los alquileres tendrn que responder ante la ciudadana. Si la gente ve que los precios bajan en Valencia o en Barcelona, pero en otros sitios no, pedirn cuentas al PP y tendrn que repensarse su postura», ha zanjado.