El Congreso aprueba el derecho a la eutanasia por 202 votos a favor frente a 141 en contra

PP y Vox intentarn frenar la entrada en vigor de la ley presentado contra ella sendos recursos de inconstitucionalidad

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  P&R.
  
  As es la ley de eutanasia: slo casos graves, crnicos e incurables y con cuatro filtros
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  Poltica.
  
  El Congreso aprueba con 198 votos el derecho a la eutanasia en Espaa

El derecho a una muerte digna, la ley de eutanasia que lo recoge, estar en vigor en Espaa dentro de tres meses. Los espaoles que padecen enfermedades incurables, crnicas e inhabilitantes, aquellos que se encuentren en fase terminal, quienes carecen de toda esperanza de disfrutar de una vida digna y soportan sufrimientos intolerables, podrn poner fin a la misma de manera consciente, voluntaria e informada, por su propia mano o con ayuda, siempre con supervisin mdica y sin ningn tipo de reconvencin penal.

La ley ha sido aprobada por el Congreso con 202 votos a favor frente a 141 en contra tras un debate en el que se han puesto de manifiesto profundas discrepancias entre quienes ven en la norma una aberracin moral y apuestan en su lugar por un refuerzo integral de los cuidados paliativos y una dotacin mxima de medios para la dependencia y los que celebran una decisin que ha tardado aos en sustanciarse, que ampla el terreno de las libertades individuales y que sin embargo «llega tarde», como han sealado varios portavoces, para muchas personas.

PP y Vox han sido las dos fuerzas polticas que se han opuesto a la norma. De hecho, ya han anunciado la presentacin de un recurso de inconstitucionalidad contra la misma.El de Vox incluir la peticin de suspensin de la norma en tanto el alto tribunal no se pronuncie sobre el fondo de la misma.

Ambas formaciones han sido duramente criticadas por el resto de grupos parlamentarios por entender que pretenden «imponer su moral» y su «intolerancia». Unidas Podemos incluso les ha echado en cara un dato extrado del CIS: el 82% de los ciudadanos apuestan por esta ley.

Quienes han defendido la eutanasia han insistido en que la misma se trata «de un derecho y no una obligacin», un «ejemplo de empata legislativa» con quienes padecen un calvario y a los que no se puede aadir «ms sufrimiento jurdico», como ha sealado el portavoz del PNV. «Esta ley es para quienes no hay paliativos suficientes capaces de aliviar su situacin».

Ciudadanos tambin ha hecho hincapi en la bondad de la norma que suma a Espaa a la lista de pases europeos –Holanda, Blgica y Luxemburgo– que ya contemplan el «derecho a decidir» el momento de poner fin a la propia vida o, si se prefiere, «en qu condiciones quieren vivir». La formacin naranja se ha mostrado muy satisfecha de esta ley que es, en su opinin, un ejemplo de «poltica til» y «garantista» en pro de las libertades y derechos.

En el mismo sentido se ha posicionado ERC, que ha destacado el «avance en derechos y libertades» que supone la ley porque, no en vano, reconoce el derecho a la autodeterminacin de las personas, un concepto especialmente reivindicado en otros mbitos por los independentistas.

Desde Vox, el discurso contra la eutanasia ha sido dursimo. «Una norma de muerte», una «burla» que «sobrepasa los lmites de un Estado democrtico» y se convierte en «especialmente repulsiva y repugnante» cuando an se lamentan decenas de miles de muertes por la pandemia. «Decimos adis a la vida, a los derechos humanos y a los principios de la Constitucin«, ha clamado su portavoz Lourdes Mndez. Vox ha hecho hincapi en que la ley al haberse presentado como proposicin de grupos parlamentarios ha sorteado todos los dictmenes preceptivos para una norma orgnica y ha «ignorado y despreciado».

Los populares han lamentado tambin que la norma haya desdeado todos los informes y se apruebe de forma exprs en medio de una pandemia. El PP como Vox argumenta que el comit de biotica de Espaa y el de psiquiatra estn en contra porque abre la puerta a eutanasias no solicitadas y convierte a nuestro pas en un terreno apto para el turismo del fin de la vida. «Un atentado contra la vida humana» y un «chantaje» a los sanitarios, en opinin del portavoz del PP para quien «el deseo de morir desaparece cuando las personas son tratadas adecuadamente».

«Esta ley supone empujar a los ms vulnerables; ejerce un poderoso efecto llamada a la muerte», ha asegurado el diputado Jos Ignacio Echniz para quien lo indispensable es desarrollar los cuidados paliativos, una prestacin que, segn ha defendido, ya no podr solicitarse en domicilio mientras que s podr pedirse la muerte en casa.

Los mdicos pueden alegar objecin de conciencia

Tras estos duros alegatos, la diputada socialista Mara Luisa Carcedo, ex ministra de Sanidad y una de las principales promotoras de la ley, ha destacado la importancia de que desaparezcan las sanciones penales para quien ayuda a otra persona a morir. La norma es «libertad con maysculas», ha defendido despus de leer la valoracin que hacen de la ley personas en gravsima situacin. La diputada socialista ha replicado a la peticin de cuidados paliativos del PP recordndoles que fueron ellos los que hasta en tres ocasiones se opusieron a una ley sobre esta cuestin y recortaron hasta 12.000 millones en dependencia. La intervencin de Carcedo ha sido acogida con un largusimo aplauso de la bancada de izquierdas.

La ley de eutanasia que ha sido aprobada incluyendo las enmiendas procedentes del Senado, prev que toda persona con «enfermedad grave e incurable» o «padecimiento crnico e imposibilitante» que le produzca un «sufrimiento fsico o psquico intolerable» pueda solicitar ayuda para morir. La eutanasia ser una prestacin incluida en la cartera del sistema nacional de salud y por tanto su coste correr a cargo del Estado.

La peticin debe, no obstante, respetar condiciones estrictas: ser nacional espaol o residente legal; estar en condiciones de capacidad y consciencia en el momento de hacer la demanda; formularla por escrito y sin presiones y repetirla a los quince das; la solicitud, adems, ha de ser analizada y aprobada por dos mdicos y recibir la autorizacin de una Comisin de Evaluacin. Por su parte, los mdicos y cualquier profesional sanitario pueden alegar «objecin de conciencia» y negarse a participar en el procedimiento.