Cómo afecta la no renovación del CGPJ al ciudadano de a pie

Un presidente del Tribunal Supremo acostumbraba a decir que «desde que naces hasta que mueres necesitas a los jueces«, porque son los que te inscriben en el registro civil y comprueban tu defunción. Una cercanía que casa con dificultad con el deseo de prácticamente cualquiera de no tener que resolver un asunto en un juzgado. No en vano hay una conocida maldición que reza «pleitos tengas y los ganes«, porque hasta ganándolo, mejor habría sido habérselo ahorrado.

Quizá sea ese deseo de poner distancia el que explique por qué la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que debía haberse producido en diciembre de 2018, no sea vista por los ciudadanos como algo que les afecte. Y, sin embargo, lo hace mucho más de lo que creen. Si no exactamente la falta de renovación, sí la reforma de la ley orgánica del poder judicial que hizo el Gobierno para prohibirle hacer nombramientos mientras esté en funciones.

Con esa restricción el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretendía forzar al PP a pactar. Pero lo único que consiguió fue que en el Tribunal Supremo se acumulen las vacantes que se van produciendo por fallecimiento o jubilación, lo que significa menos jueces en un momento que los procedimientos se disparan, como consecuencia, entre otros factores, de las miles de reclamaciones presentadas por la pandemia.

Un millar de sentencias

En noviembre del año pasado, el Supremo ya advertía de la necesidad de renovar el CGPJ, porque de prolongarse el bloqueo la situación se convertiría en «insostenible» e implicaría que «se dictaran aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y en las decisiones de inadmisión, que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año».

Esa advertencia a tenor de las palabras del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial, ya está aquí. Aseguró que el Supremo tiene 14 vacantes sin cubrir y en los próximos meses serán 20, que sere una cuarta parte de sus efectivos. Además, en 49 de las 116 presidencias de tribunales existentes en España no está al frente su titular. De momento, la situación más grave se vivirá a partir del 21 de diciembre en la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, cuando ya no contará con miembros.

Custodias, cláusulas o impuestos

Hasta la reforma del 2015 los asuntos que llegaban al Supremo tenían que tener una especial repercusión por distintas razones, como el importe afectado. Sin embargo, a partir de entonces lo que es determinante es el interés casacional, lo que supone que el número de recursos de casación haya aumentado y que puedan afectar a muchas más personas. El criterio del Supremo es después seguido por todos los tribunales españoles, recuerda a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA una magistrada de un juzgado madrileño.

Fue el Supremo el que homogeneizó la concesión de la custodia compartida, que algunas comunidades autónomas concedían la mayoría de las veces y otras ninguna. Pero también es el que tiene la última palabra en impuestos, condiciones de trabajo de ciertas plataformas supuestamente colaborativas y hasta en las pensiones. Por no hablar de las cláusulas bancarias que pueden resultar abusivas.

Por Salas

Con la falta de renovación del Consejo, el Supremo cuenta con menos jueces. Y la situación cada día es peor. En noviembre se jubilará la presidenta de la Sala de lo Social, María Luisa Segoviano, y con otro magistrado fuera ya no podrá dividirse en dos, lo que significará que empezará a resolver la mitad de asuntos que hasta ahora.

En lo Penal, la menos afectada por la falta de renovación, la próxima vacante por jubilación será la de Miguel Colmenero, prevista para el próximo abril, señalaron fuentes del alto tribunal. Entre los asuntos que han deliberado en sus últimos plenos figuraba si era necesaria una licencia para utilizar un patinete eléctrico.

Peor están las cosas en la Sala Primera y en la Tercera. En esta última, dividida por secciones de gran especialización, resulta difícil que un magistrado sustituya a otro, pero es una práctica que ya se está adoptando cuando hay bajas.

Pero los hay que, incluso tras una inminente renovación, aunque no parece probable, creen que la situación tardará en normalizarse, porque el nuevo Consejo se encontrará de golpe con una veintena de nombramientos pendientes, que requerirán un tiempo de negociación y que, de hacerse de golpe, pueden alterar en un sentido u otro la jurisprudencia al alto tribunal solo por la incorporación de un gran número de magistrados a la vez.

Eutanasia y aborto

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El veto a los nombramientos del Consejo se levantó parcialmente para que pueda realizar los de los dos magistrados del Constitucional que le corresponden. Este tercio, dependiente del Ejecutivo y del CGPJ, debería haber sido nombrado el pasado 12 de junio, pero no es un retraso significativo sobre todo en comparación con el ritmo al que se están produciendo los relevos.

El Gobierno modificó su ley para poder hacer él mismo el nombramiento de los magistrados del TC que le corresponden y que supondrá el cambio de mayorías del tribunal de garantías, que pasará de conservadora a progresista. En el Constitucional están pendientes de resolución numerosos recursos, entre los que figuran los presentados contra la ley del aborto, de la eutanasia y contra la propia reforma que impide al Consejo renovar la cúpula judicial.

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