Amnista Internacional denuncia «violacin de derechos» en las residencias de ancianos durante la pandemia

Un informe advierte de «ineficacia» en las medidas adoptadas y falta de «gestin adecuada» por parte de las autoridades responsables

Detalle del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, este...

Detalle del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, este mircoles, en el Congreso.
POOL / DANI DUCH

«Hubo vidas que se pudieron salvar, pero no se hizo». «La instruccin era no derivar a nadie a hospitales». «Nos han prohibido llevar [a residentes] al hospital». «Pedamos mascarillas, pero nos decan que asustaban a los abuelos». «El mdico de la residencia explicaba que no eran necesarias porque iban a asustar a los abuelos». «Estuvimos trabajando sin mascarilla, esparcimos el virus».
Son testimonios de trabajadores, auxiliares, enfermeros, residentes y familiares sobre el impacto y la s

ituacin vivida en las residencias de ancianos desde marzo por la pandemia del

coronavirus

. Experiencias y relatos que llevan a Amnista Internacional a concluir, tras meses de entrevistas con personal, residentes, familias o consejeras de Sanidad, que en estos centros espaoles se ha producido una «violacin de los derechos humanos de las personas mayores que vivan y viven en residencias», adems de imponerse medidas «ineficaces».
En concreto, esta organizacin detalla en su informe cinco violaciones de derechos: a la salud, a la vida, a la no discriminacin, a la vida privada y a una muerte digna.
Amnista Internacional lleva meses de trabajo -una labor que ya ha realizado en otros pases de Europa-, poniendo el foco en la labor de las Administraciones estatal y autonmicas. En concreto, en «la falta de preparacin» y de la gestin «adecuada» como factor determinante para explicar el caos, desconcierto y los miles de muertos en las residencias durante la pandemia.

Los ‘contratiempos’

El informe, que presenta Amnista Internacional este jueves y que avanza EL MUNDO, enumera y detalla con testimonios los problemas y contratiempos que han convertido los centros residenciales en uno de los principales focos de contagios y de fallecimientos consecuencia de la

Covid-19

.
Falta de proteccin del personal, falta de recursos y de asistencia mdico-sanitaria, exclusin generalizada y con un componente discriminatorio de acceso a asistencia sanitaria en hospitales, as como el aislamiento de personas residentes durante semanas enteras, prcticamente incomunicadas con el mundo exterior y con sus familias, con ninguna o escasa informacin sobre lo que estaba sucediendo.
«Si el nico recurso es seguir tenindolos confinados, se van a morir de pena… no se han abrazado, distancia con un biombo entre medias, eso es inhumano. La gente este verano ha disfrutado, hemos interactuado, pero a los nicos a los que se ha maltratado es a los residentes», expone

Diana

, tcnico en cuidados auxiliares de enfermera en una residencia madrilea.
«Confinamos las residencias, pero no asumimos responsabilidades en lo que viene despus. Las autoridades no pueden hacer el trabajo a medias», aaden desde la

Sociedad Espaola de Geriatra y Gerontologa

(

SEGG

).

Illa e Iglesias se desvincularon

El informe de Amnista Internacional es claro y rotundo: las medidas adoptadas por las autoridades espaolas para responder a la pandemia, en particular en

Catalua

y la

Comunidad de Madrid

, resultaron «ineficaces para proteger a un colectivo especialmente vulnerable».
Aunque los ojos apuntaron desde marzo tanto al ministro de Sanidad,

Salvador Illa

, como al de Derechos Sociales,

Pablo Iglesias

, estos despejaron el asunto argumentando que la competencia era autonmica. Desde las residencias se censur que no se les escuch ni llegaron a tiempo las promesas hechas por el Ejecutivo.
Desde

Unidas Podemos

, por ejemplo, se hizo hincapi en la precariedad del sector y la privatizacin del mismo como factores que agravaron las muertes en las residencias.
Desde Amnista Internacional se seala que personal de las residencias no cont con la proteccin adecuada ni con el acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se reciban, y que el hecho de que la mayora de las personas mayores vivan en residencias privadas o concertadas no disminuye «de ninguna manera la obligacin del Estado de garantizar la proteccin de sus derechos humanos».

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